Regulación de guerra sucia – reforma electoral 2007
Por: Luis Ángel Hurtado Razo
@HurtadoRazoLuis
Si desea consultar la parte 1.
Los ajustes que se realizaron a la ley electoral, se focalizaron en
regular dos grandes problemas que se habían percibido de las dos últimas
elecciones presidenciales, los cuales perjudicaron de forma negativa
el desarrollo democrático: el dinero y el uso y abuso de los medios de
comunicación.[1]
La serie de conflictos que se desataron entre distintos actores y agrupaciones políticas durante el proceso electoral y poselectoral, orillaron a los distintos poderes (principalmente el legislativo) a modificar la entonces ley electoral existente para con
ello, evitar cualquier futura confrontación o descalificación de actores o fuerzas políticas.
Ante ello, se vivió un intenso debate que se suscito en distintas esferas políticas, legislativas y académicas, para diagnosticar cual era la posible solución a los problemas suscitados durante los comicios de 2000 y 2006. Condujo en reiteradas ocasiones a señalar la necesidad de cambiar el sistema de financiamiento público de los partidos políticos, acortar la duración de las campañas electorales, regular el acceso de los partidos políticos y terceros a los medios de comunicación, fortalecer las atribuciones de los órganos electorales, etc.
Que serie de acontecimientos propiciaron que en 2007 se planteará y efectuará una nueva reforma electoral.
De este modo, el sentido de la reforma electoral se centro básicamente en lo siguiente:
a) Se modificó el régimen de partidos políticos mediante la incorporación de nuevas reglas. Se renovó el régimen de coaliciones que ahora se flexibiliza y que impide que sean utilizadas como una manera de burlar el cómputo de los votos que cada partido coaligado recibe en las elecciones. También se estableció el proceso de liquidación de los bienes partidistas.
b) También se modificaron las condiciones de la competencia electoral al racionalizar el mecanismo de financiamiento público a través de nuevas fórmulas de cálculo, y permitió así una disminución de los montos que el Estado destina a la política; se establecieron nuevos límites para las aportaciones privadas a los partidos políticos; se redujo considerablemente la duración de las campañas federales y se regularon las precampañas tanto en su duración, como en su financiamiento y modalidades y finalmente se compactaron los calendarios electorales de los estados en una misma fecha (primer domingo de julio) en unos años en los que se realizan comicios federales.
c) Se fortalecieron las atribuciones de las autoridades electorales. Por lo que hace al IFE, se modificó la duración en el encargo de los Consejos Electorales y del Consejero Presidente, diferenciado el mandato de los primeros y de este último; además se estableció una renovación escalonada del Consejo General atendiendo así a una vieja demanda; se modificó el régimen de las Comisiones del Consejo General con la finalidad de permitir la rotación de sus integrantes y de permitir un ejercicio más ágil de las áreas ejecutivas del Instituto; se creó una Unidad de Fiscalización de los recursos de los partidos nombrada por el Consejo pero dotada de autonomía técnica y operativa que, además, está facultada para trascender los secretos bancario, fiduciario y fiscal en el ejercicio de sus atribuciones; se convirtió al IFE en la autoridad encargada de administrar los tiempos del Estado en radio y televisión para que los partidos puedan acceder a ellos, así como de vigilar que las nuevas reglas y prohibiciones se respeten y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes; finalmente, se afinaron también los procedimientos administrativos sancionatorios a cargo del IFE así como las sanciones que el mismo puede imponer en caso de que se determinen conductas violatorias a la ley.
d) En ese sentido, el tema del acceso a los medios de comunicación constituye la parte medular de la reforma y, probablemente, la que más impacto tendrá en el desarrollo futuro del sistema democrático en nuestro país a partir de la prohibición para que los partidos puedan contratar publicidad en medios electrónicos de comunicación. De manera muy breve, las características del nuevo modelo son las siguientes:
b) No se podrán transmitir en México mensajes contratados en el extranjero.
c) No se podrán realizar expresiones que denigren a instituciones o a partidos que calumnien a las personas.
d) La publicidad gubernamental (de cualquier ente público federal, local o municipal) está prohibida durante las campañas electorales federales y locales.
e) Por último, la propaganda pública deberá tener carácter institucional y por ello no podrá ser personalizada (es decir, contener la imagen o la voz de los funcionarios públicos).
Como se puede ver, la comunicación política fue el tema central de la reforma electoral de 2007, las autoridades consideraron que una vez que los partidos políticos no tuvieran acceso a la contratación de tiempo-aire en los medios de comunicación el problema no se volvería a presentar, sin embargo esto no fue así, porque en el presente proceso electoral, vivimos una nueva oleada de campañas negativas, solo que estas no tuvieron las mismas condiciones y actores que las que el 2006, tuviera. Veamos las razones del porque.
Publicado en Ciberanthropia
Por: Luis Ángel Hurtado Razo
@HurtadoRazoLuis
Si desea consultar la parte 1.
Los ajustes que se realizaron a la ley electoral, se focalizaron en
regular dos grandes problemas que se habían percibido de las dos últimas
elecciones presidenciales, los cuales perjudicaron de forma negativa
el desarrollo democrático: el dinero y el uso y abuso de los medios de
comunicación.[1]La serie de conflictos que se desataron entre distintos actores y agrupaciones políticas durante el proceso electoral y poselectoral, orillaron a los distintos poderes (principalmente el legislativo) a modificar la entonces ley electoral existente para con
ello, evitar cualquier futura confrontación o descalificación de actores o fuerzas políticas.
Ante ello, se vivió un intenso debate que se suscito en distintas esferas políticas, legislativas y académicas, para diagnosticar cual era la posible solución a los problemas suscitados durante los comicios de 2000 y 2006. Condujo en reiteradas ocasiones a señalar la necesidad de cambiar el sistema de financiamiento público de los partidos políticos, acortar la duración de las campañas electorales, regular el acceso de los partidos políticos y terceros a los medios de comunicación, fortalecer las atribuciones de los órganos electorales, etc.
Que serie de acontecimientos propiciaron que en 2007 se planteará y efectuará una nueva reforma electoral.
- El excesivo monto del financiamiento público otorgado a los partidos.[2]
- Carencia de regulación de las precampañas.
- El elevado costo de los procesos electorales.
- La inexistencia de normas para regular la propaganda institucional.
- El acceso indiscriminado a la contratación de propaganda política
- en radio y televisión.
- La prolongada duración de las campañas electorales.
- La carencia de mecanismos de fiscalización eficaces.
- La indebida intervención del Presidente de la República.[3]
- La excesiva difusión de propaganda gubernamental de todos los niveles de gobierno.
- La ilícita contratación de propaganda política por parte de agrupaciones sociales y organismos empresariales.
- El intenso despliegue de propaganda negativa a través de spots televisivos.
De este modo, el sentido de la reforma electoral se centro básicamente en lo siguiente:
a) Se modificó el régimen de partidos políticos mediante la incorporación de nuevas reglas. Se renovó el régimen de coaliciones que ahora se flexibiliza y que impide que sean utilizadas como una manera de burlar el cómputo de los votos que cada partido coaligado recibe en las elecciones. También se estableció el proceso de liquidación de los bienes partidistas.
b) También se modificaron las condiciones de la competencia electoral al racionalizar el mecanismo de financiamiento público a través de nuevas fórmulas de cálculo, y permitió así una disminución de los montos que el Estado destina a la política; se establecieron nuevos límites para las aportaciones privadas a los partidos políticos; se redujo considerablemente la duración de las campañas federales y se regularon las precampañas tanto en su duración, como en su financiamiento y modalidades y finalmente se compactaron los calendarios electorales de los estados en una misma fecha (primer domingo de julio) en unos años en los que se realizan comicios federales.
c) Se fortalecieron las atribuciones de las autoridades electorales. Por lo que hace al IFE, se modificó la duración en el encargo de los Consejos Electorales y del Consejero Presidente, diferenciado el mandato de los primeros y de este último; además se estableció una renovación escalonada del Consejo General atendiendo así a una vieja demanda; se modificó el régimen de las Comisiones del Consejo General con la finalidad de permitir la rotación de sus integrantes y de permitir un ejercicio más ágil de las áreas ejecutivas del Instituto; se creó una Unidad de Fiscalización de los recursos de los partidos nombrada por el Consejo pero dotada de autonomía técnica y operativa que, además, está facultada para trascender los secretos bancario, fiduciario y fiscal en el ejercicio de sus atribuciones; se convirtió al IFE en la autoridad encargada de administrar los tiempos del Estado en radio y televisión para que los partidos puedan acceder a ellos, así como de vigilar que las nuevas reglas y prohibiciones se respeten y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes; finalmente, se afinaron también los procedimientos administrativos sancionatorios a cargo del IFE así como las sanciones que el mismo puede imponer en caso de que se determinen conductas violatorias a la ley.
d) En ese sentido, el tema del acceso a los medios de comunicación constituye la parte medular de la reforma y, probablemente, la que más impacto tendrá en el desarrollo futuro del sistema democrático en nuestro país a partir de la prohibición para que los partidos puedan contratar publicidad en medios electrónicos de comunicación. De manera muy breve, las características del nuevo modelo son las siguientes:
- Los partidos políticos podrán acceder a la radio y a la televisión sólo a través de los tiempos públicos (la suma de los tiempos del Estado y de los llamados tiempos fiscales).
- El IFE será la única autoridad facultada para administrar esos tiempos y si considera que los mismos resultan insuficientes podrá tomar las medidas necesarios para su ampliación. De igual manera, el IFE será competente para sancionar las violaciones a lo establecido en relación con el acceso a medios de comunicación con fines electorales pudiendo incluso ordenar la cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión que transgredan la ley.
- En el periodo que va del inicio de las precampañas a la jornada electoral los tiempos que tendrá a disposición el IFE son 48 minutos diarios en cada canal o frecuencia (los cuales podrán distribuirse de 2 y hasta 3 minutos por hora de transmisión en la faja horaria que va de las 6:00 a las 24:00 horas).
- De ese tiempo, durante las precampañas los partidos recibirán 1 minuto por cada hora en cada estación (18 en total), mientras que durante las campañas el tiempo a su disposición será de, al menos, el 85% del tiempo total.
- El criterio para distribuir el tiempo aire sigue la fórmula del financiamiento público (30% igualitario y 70% proporcional a la votación de cada partido).
- Fuera de las campañas el IFE tendrá a disposición el 12% de total de tiempos del Estado, el cual se distribuirá en un 50% entre los partidos de manera igualitaria y el resto corresponderá directamente al IFE.
- La competencia del IFE como administrador de los tiempos públicos con fines electorales también se extiende al ámbito local respecto de los espacios en las emisoras de radio y televisión locales.
- Además de contemplar una serie de prohibiciones, a saber:
b) No se podrán transmitir en México mensajes contratados en el extranjero.
c) No se podrán realizar expresiones que denigren a instituciones o a partidos que calumnien a las personas.
d) La publicidad gubernamental (de cualquier ente público federal, local o municipal) está prohibida durante las campañas electorales federales y locales.
e) Por último, la propaganda pública deberá tener carácter institucional y por ello no podrá ser personalizada (es decir, contener la imagen o la voz de los funcionarios públicos).
Como se puede ver, la comunicación política fue el tema central de la reforma electoral de 2007, las autoridades consideraron que una vez que los partidos políticos no tuvieran acceso a la contratación de tiempo-aire en los medios de comunicación el problema no se volvería a presentar, sin embargo esto no fue así, porque en el presente proceso electoral, vivimos una nueva oleada de campañas negativas, solo que estas no tuvieron las mismas condiciones y actores que las que el 2006, tuviera. Veamos las razones del porque.
Publicado en Ciberanthropia
[1]
El orden de aparición de estos acontecimientos, no parte de un grado de
importancia, ni aun criterio de clasificación, sino a un criterio
personal.
[2]
Inclusive este acontecimiento fue un punto de discusión por parte de
los magistrados del Tribunal Electoral del Poder de Justicia de la
Federación, al momento de calificar la elección presidencial de 2006.
[3]
Iniciativa de reforma constitucional, presentada por el senador Manlio
Fabio Beltrones en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión el 31 de agosto de 2007.
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